RIGI o ¿Régimen a la fueguina?
Por Néstor Schumacher.-
La Legislatura de Tierra del Fuego se encuentra comenzando lo que será un intenso debate sobre la adhesión o no al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Mientras las bancas que responden al gobierno nacional representado por Coto y Graciania buscan dar la adhesión, el recientemente conformado oficialismo provincial de FORJA y el PJ propone un régimen “a la fueguina”.
No estamos diciendo ninguna novedad cuando enunciamos que el RIGI era de los apartados más polémicos de la ya controvertida Ley Bases. Independientemente de las apreciaciones personales, las exenciones e incentivos por 30 años que propone han generado hasta el momento una serie de anuncios de inversiones en buena parte de los territorios que ya han adherido al mismo. Lo interesante ahora, es este proceso de adhesión: aquí la carga de responsabilidad de la llegada de los “brotes verdes” que alguna vez vaticinó Macri no pasa por la Casa Rosada, sino que recae sobre cada jurisdicción. La culpa de la generación o no de nuevos puestos de trabajo o la llegada de las empresas, al menos en la percepción popular, no es por los aspectos macro que controla la Nación: es por el representante propio. El ejemplo más claro de ello es la disputa por la planta de Gas Natural Licuado entre Río Negro y Buenos Aires donde Axel Kicillof salió políticamente golpeado luego de perder esa “guerra de ofertas” entre Bahía Blanca y Sierra Grande.
Mientras una buena parte de las provincias ya tiene resuelto el tema RIGI, Jujuy, San Juan, Tucumán, Mendoza, Chubut y Río Negro firmaron y otras como Santa Fe o Corrientes están finalizando el proceso, Tierra del Fuego todavía no comenzó a dar la discusión. Si bien es cierto que el parlamento provincial sesiona salteado, y con alguna que otra suspensión mediante, uno entendería que hubo tiempo más que suficiente para resolver la posición sobre un tema que mantuvo al país en vilo por meses. El caso fueguino, en una clara alineación política con Buenos Aires, La Pampa y La Rioja por ejemplo, habla de un rechazo a este esquema y la búsqueda de una solución de índole provincial.
Hay una realidad innegable para todo el arco político: hacen falta inversiones productivas en el país. El gobierno de Javier Milei a su llegada, decidió proponer una solución a este problema apegándose a su ideología de corte libertaria. En la oposición más conciliadora del radicalismo y el PRO, intentaron con mayor o menor éxito dependiendo quién lo mire, “acomodar” un proyecto que denostaba una falta de experiencia a la hora de pensar políticas para un país. El peronismo, disfrazado un poco de izquierda en este caso, tomó una decisión extraña para un partido con vocación de liderazgo: no propuso y rechazó de forma intransigente el proyecto. Recordemos que el PJ tiene experiencia en programas de inversiones, como el caso de Vaca Muerta y Chevron.
Luego de la derrota parlamentaria y que las buenas noticias, al menos en el corto plazo, comienzan a llegar del lado del RIGI hay una necesidad de esos espacios políticos de no quedar en offside: se debe resignificar el RIGI y hacer de la derrota por abandono una victoria. Cuanto se cambie de la idea impuesta por la Nación poco importa, el campo de batalla parece ser más político-simbólico que fáctico.
Así la Legislatura fueguina comienza, a mi criterio tarde, a dar una debate sobre la adhesión o creación de un esquema provincial, algo en lo que hasta los municipios les han ganado de mano. Por la propia composición de la cámara, donde los liberales cuentan con dos bancas y el resto de la oposición en MPF, Somos Fueguinos y Provincia Grande no parece presentar una posición tan homogénea, todo indicaría que un RIGI provincial será una realidad. El mismo tendrá un nombre distinto, parte de esas lógicas de la política comunicacional donde la forma prima por sobre la sustancia, pero indefectiblemente tendrá una gran cantidad de puntos de contacto con lo propuesto a nivel nacional. El RIGI, quizás por diseño o por casualidad, pone la lupa en los distritos dejando en evidencia un ámbito legislativo provincial al que le cuesta integrarse a la agenda de la sociedad y parece enfrascado en la dinámica del “que se dice” por sobre la del “que se hace”.